El INMUJERES-DF se fundó
en 1998, y es resultado de décadas de acción
del movimiento de las mujeres en México. En
el año 2002, el INMUJERES se colocó
como un órgano descentralizado de la administración
pública, con lo cual la institución
adquiere mayor permanencia y autonomía. A la
vez, esta definición ubica a las relaciones
laborales dentro del mismo fuera del sector público
centralizado y, en consecuencia, dentro del ámbito
de la Ley Federal del Trabajo. Las trabajadoras del
INMUJERES-DF están contratadas por honorarios
y han vivido una serie de arbitrariedades y malos
tratos que contrastan con su función como de
educación a las mujeres del DF sobre sus derechos.
Considerando
lo anterior, las trabajadoras de dicha institución,
decidieron organizarse como sección dentro
del STRACC e iniciar la lucha por regularizar su situación
laboral en noviembre de 2002. La primera reacción
de la JLCA fue declararse incompetente y turnó
el caso al Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje, quien también se declaró
incompetente y lo turno al Poder Judicial de la Federación,
quien declaró que por tratarse de un organismo
descentralizado el conocimiento del caso es materia
de la JLCA. El 8 de mayo de 2003, la JLCA notifica
a la representación legal la viabilidad del
emplazamiento a huelga por la firma del Contrato Colectivo
de Trabajo. El 2 de junio se emplazó a huelga,
y la JLCA notificó a la institución
y fijó fechas de audiencia de conciliación.
Después
de varias audiencias donde el clima de la relación
dificultaba la viabilidad de la negociación,
se encontraron vías de diálogo con otras
instancias del GDF. Por esta vía, supimos que
aun cuando se reconoce la irregularidad imperante,
no existe la voluntad de abrir la puerta para regularizar
la situación laboral, por cuestiones financieras
en el propio GDF. En contraparte, se expresó
la voluntad de reducir el ambiente de opresión
y maltrato que prevalecía en el Instituto.
Actualmente
el expediente de huelga está archivado.
Para dimensionar
este problema, es necesario tener presente que durante
los últimos veinte años se ha venido
imponiendo el criterio de que el Estado como tal no
debe generar empleos , mientras que los programas
requieren de gente que los lleve a la práctica.
En consecuencia, la simulación laboral se ha
institucionalizado en obediencia a las políticas
de reajuste estructural y al margen de la Ley .
En esta perspectiva,
la mejor opción son los sindicatos representativos
de las y los trabajadores que analicen en forma bilateral
con las instituciones las condiciones y los retos
del trabajo. Esto es lo que no se ha aceptado en el
INMUJERES-DF.
