(Propuesta económica del FAT al proyecto de nación enriquecido con apoprtes de algunos sindicatos de la UNT y FSM)

La política económica ha sido una de las áreas de política pública que históricamente han padecido en mayor medida los embates y consecuencias de los esquemas autoritarios y cupulares de toma de decisiones, en detrimento permanente de la inmensa mayoría de la población.

Por esta razón, en un contexto de cambios democráticos, su discusión constituye una de las áreas estratégicas, social y políticamente ineludibles para la reforma social y democrática del poder y de las políticas públicas, revalorando de esa manera la soberanía nacional ante la globalización.

Pero para que verdaderamente contribuya al avance democrático, la discusión sobre la política económica no puede ni debe convertirse en un escenario de confrontación ni de intransigencia, sino en un espacio para los consensos y para impulsar cambios no sólo de tipo económico, sino políticos y sociales.

A fin de no caer en la utopía, la discusión de la política económica y los consensos en torno de ella deberán considerar, responsable y obje-tivamente, las limitaciones y las posibi-lidades que a las economías nacionales imponen los entornos globales dominados por la inter-dependencia compleja y por las corporaciones multinacionales, que hoy son dueñas de cerca de las tres cuartas partes del total de la producción, del capital, de la inversión, de los recursos y de la tecnología a nivel internacional, y que son las verdaderas autoras de los esquemas de privatizaciones, de desregulación y de liberalismo económico en todo el mundo, con el beneplácito de los Estados y capitales nacionales y de los gobiernos.

En este sentido, toda política económica verdaderamente alternativa y democrática, deberá considerar esta realidad y proponerse, abrir posibilidades de diálogo y de consenso, de interlocución y de fuerza social multinacional e internacional con las verdaderas dueñas y concentradoras de la riqueza y del poder en todo el mundo, es decir, de las grandes corporaciones multinacionales.

Es necesario que los gobiernos nacionales cuenten con un amplio consenso social, con una legitimidad sólida, a efecto de poder encabezar y asumir el liderazgo en la interlocución con las multinacionales y en la discusión de un nuevo orden mundial.

Sin lugar a dudas, los aspectos financieros, monetarios, comerciales e incluso fiscales de la política económica de los países, están determinados por los intereses de dichas corporaciones, y de la misma manera lo están los aspectos sociales, de aquí el incremento dramático de la pobreza y de la desigualdad en
todo el mundo durante los últimos veinte años.

De aquí también que las transformaciones financiera, monetaria, comercial o fiscal, no puedan darse sin considerar la variable poderosa y determinante de las multinacionales o al margen de su participación y compromisos.

La revisión de acuerdos comerciales como el TLC, la renegociación de la deuda externa o la redefinición del sistema monetario internacional no deben plantearse ni asumirse, estraté- gicamente, como cuestiones sólo de interés nacional, ya que son problemas que enfrenta la mayoría de los países, como expresión de las grandes irregularidades que presenta un nuevo orden mundial caracterizado por grandes transformaciones democráticas, pero al mismo tiempo, paradójicamente, por la resistencia de las peores arbitrariedades y asimetrías en la distribución de la riqueza y del poder.

Hoy más que nunca, ninguna propuesta seria y responsable puede pretender que nuestro país esté aislado o pueda transformar y resolver por sí solo problemas epidémicos como el desempleo, los bajos salarios, la desvalorización del trabajo, la polarización social, la inestabilidad financiera o las des-ventajas del libre comercio.

Por ello, el planteamiento de una política económica alternativa exige, además de iden-tificar las áreas prioritarias susceptibles de ser resueltas por la vía de los consensos nacionales entre una gama plural y representativa de actores, la necesidad de una nueva estrategia internacional, que nos permita enfrentar en mejores condiciones la fuerza y el poder inconmensurable de las multinacionales y de los mecanismos e instrumentos que estas han desarrollado para reacomodar la economía, las finanzas, el comercio y la política mundiales en favor de su acumulación y de sus intereses expansivos y sin compromisos sociales.

De lo que se trata, finalmente, es de construir una alternativa mejor que sea sustentable para el cumplimiento cabal de la responsabilidad social del Estado.

Alternativa en la que mediante la lucha social legal e institucional, la participación política, los consensos y la construcción de nuevas estructuras de representación social y política nacional e internacional que hasta ahora no existen (como aquéllas necesarias para establecer una interlocución social reconocida, eficaz y respetable con las multinacionales) se consiga un nuevo equilibrio económico, social y político entre los actores, una nueva fórmula en
la que se consideren no solo el mercado y las ganancias sino el empleo y el bienestar social.

Se trata también hacer sustentable al propio mercado, cuya expansión está amenazada por la reducción de los mercados internos, del desempleo y de los bajos salarios.

Es necesario, para todo esto, emprender una intensa e innovadora acción política y social, partiendo, sí, de la discusión y de los consensos en torno de la política económica, pero teniendo como perspectiva la transformación del Estado y un nuevo pacto social.

Las áreas prioritarias de la política económica sobre las que es socialmente indispensable empezar a construir consensos y un verdadero "frente nacional" son: el empleo, los salarios, la política fiscal y la distribución del ingreso, las tarifas y precios del Sector Público así como las llamadas "políticas industriales" o la política productiva del país en sectores y cadenas estratégicos.

De manera inevitable, esta discusión sobre la reforma microeconómica y sus consensos llevarán a las áreas hasta ahora dogmatizadas e "intocables" de la macroeconomía: la deuda externa, la política monetaria, la política comercial internacional.

El movimiento sindical asume que el empleo, el salario, la política social, la calidad de vida y la distribución del ingreso no pueden ser más subproductos de estas áreas, sino los nuevos ejes para la reestructuración de las economías y los mercados. Por ello sostiene que, de ser necesario, las prioridades de la política económica deberían de ser sometidas a referéndum entre la población.

Proponemos que algunos de los grandes temas que se sometan a discusión y a consenso, como parte de la democratización de las políticas públicas y de la transformación de la política económica sean:

• Refrendamos el compromiso de mantenernos al lado de nuestro pueblo en la lucha por transformar la injusta estrategia económica actual, por otra que respete nuestros derechos, mejore las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, proporcione empleo digno, defienda la soberanía nacional y respete el patrimonio de todos los mexicanos, como son: la educación pública, la seguridad social e industrias estratégicas y todos aquellos sectores vitales para un desarrollo nacional con independencia y justicia social.

Consideramos urgente dialogar y tomar posición frente a diversas iniciativas gubernamentales tales como la desincor-poración de empresas públicas, muchas de ellas de carácter estratégico, como son la energía eléctrica y la petroquímica secundaria, e im-pulsar procesos transparentes de negociación e incorporación de las propuestas de los actores políticos y sociales comprometidos en defender los intereses nacionales.

Además de la defensa del patrimonio nacional, la instrumentación de un modelo de desarrollo como el que aspiramos y que parte de los siguientes objetivos:
Salvar a la planta productiva nacional, reestructurar e integrar las cadenas productivas y aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones.

Crecer a tasas por arriba de ritmo demográfico, sostener tasas de crecimiento económico por encima del 5% no sólo es deseable sino viable con un proyecto que siente las bases de un crecimiento estable, generalizado, sustentable y con distribución justa del ingreso.

Lograr soberanía y autosuficiencia alimentaria.

Elevar los niveles de bienestar generando más, mejores y bien remunerados empleos.

Sanear el sector externo a partir de la redefinición de nuestra integración en la economía mundial.

Disminuir la vulnerabilidad de nuestra economía frente al capital especulativo y de los vaivenes del mercado internacional.

Recuperar la soberanía en la definición de la política económica y con ello disminuir la dependencia del exterior.

Para darle viabilidad al proyecto económico soberano y en defensa de los trabajadores, éste debe incluir en relación con:

Defensa del empleo y recuperación de la planta productiva.

El establecimiento de un acuerdo productivo nacional amplio, consensado por los órganos respectivos de todos los sectores que supere rezagos e injusticias.

La defensa del empleo, el salario y condiciones de trabajo, como parte de la lucha por la planta productiva, por encima de intereses especulativos y de fórmulas meramente financieras.

La creación del seguro de desempleo y la disminución de la jornada de trabajo sin detrimento del salario.

El desmantelamiento del corporativismo desde la perspectiva de los centros de trabajo, rama de industria y legislación laboral.

Los problemas que la modernización plantea a la clase obrera reclaman un proyecto que aborde, desde la óptica del trabajador y los sindicatos representativos, problemas tales como la productividad, la calidad, la eficiencia y la eficacia, las fórmulas patronales enmascaradas en el Proyecto Abascal que, con el pretexto de la flexibilidad; pretenden burlar y aún mutilar las conquistas laborales, demostrando que no conducen más que a la explotación de la fuerza de trabajo, al ataque de los contratos colectivos y al aumento del desempleo.

Medidas para impulsar el mercado interno

Aumento de Salarios.
Aumentar significativamente los salarios mínimos, con el objetivo de restituir el poder adquisitivo perdido en los últimos 20 años, y la definición de políticas para la protección y estímulo del consumo.

Libre negociación de aumentos salariales y contractuales sin imposición de topes por parte del gobierno, con la flexibilidad para considerar la capacidad y los plazos de cada empresa y de cada rama de la producción respetando la bilateralidad y la libertad de asociación de los trabajadores.

Los aumentos salariales no son necesariamente inflacionarios. El aumento en el costo de la mano de obra puede ser compensado por el aumento de la productividad, pactado entre empresa y sindicato. Esta creciente productividad social permite considerar que la reorientación del actual modelo económico no sólo es posible, sino que convierte en prioridad social y económica el fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleos productivos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.

La reforma social de la política laboral

El trabajo, única fuente legítima de riqueza y bienestar para el país y las personas, está siendo destruida, degradado y desvalorizado, millones de mexicanos han sido desplazados de las actividades productivas y lanzados a las filas del desempleo y los salarios de la mayoría de los trabajadores han caído dramáticamente.

Por ello, es indispensable establecer pro-puestas claras y consensadas para la transformación social y productiva del modelo económico del país en las que la revalorización del trabajo, del trabajador y del sindicalismo tengan prioridad.

Los acuerdos macroeconómicos tienen que derivar en concertaciones microeconómicas que reconozcan las condiciones particulares de cada sector, cadena o región productiva, y en las que los trabajadores y sus organizaciones sindicales representativas elaboren plantea-mientos y principios que conduzcan a una transformación social y productiva de la política laboral y económica del país.

Esta concertación microeconómica debe ser el sustento de un acuerdo social que comprometa a trabajadores y empresarios con el desarrollo integral y justo del país y responsabilice al gobierno de su conducción democrática.

Para nosotros la transformación productiva y laboral del país significa la democratización y apropiación de los procesos de trabajo, representa una actitud diferente de los trabajadores y sus organizaciones frente al ámbito productivo que privilegia su capacidad propositiva y organizativa y que debe repercutir en un mejoramiento permanente de su nivel de vida y de trabajo, proponemos por
tanto, que se realice una efectiva consulta nacional por ramas, cadena y región productiva, en la que todas las organizaciones de trabajadores puedan hacer sus propuestas libremente, ya que consideramos que cambios reales en lo productivo y laboral se darán en la medida en que los propios trabajadores participen en su discusión y los asuman en su implementación.

Ahorro interno

El financiamiento del desarrollo debe fincarse en lo fundamental en el ahorro interno, el cual se logra con inversiones productivas, elevación de los ingresos de la población y condiciones favorables en el terreno de la economía y no sólo de instrumentos financieros o del manejo privado del ahorro de los trabajadores.

Política fiscal

El gasto público debe reorientarse y aumentar paulatinamente, con objeto de fortalecer las acciones productivas y sociales del sector público en favor de la planta productiva y de la población, priorizando el crecimiento, el desarrollo de áreas y sectores estratégicos en un proyecto de largo plazo y del gasto social.


Lo anterior supone, entre otras cosas, una reforma fiscal que permita:Aumentar los ingresos fiscales a partir de ampliar la base de contribuyentes, lo cual se lograría con una verdadera simplificación administrativa que
facilite la incorporación de la llamada economía informal al pago de impuestos, así como a los beneficios de la seguridad social.

También el crecimiento económico generali-zado por sí mismo permitirá aumentar lo recaudado.

Fomentar la inversión productiva frente a la especulativa y orientarla hacia regiones y sectores que son prioritarios en un proyecto de desarrollo de largo plazo.

Incentivos otorgados contra compromisos concertados, con metas medibles, por tiempo definido prolongable según el desempeño.

Federalización de la recaudación y el manejo de los recursos. El cobro del IVA por los estados y la obligación de las empresas públicas a pagar el impuesto predial en los municipios, pueden dar inicio a la Federalización.

La Federalización supondrá un esquema real de solidaridad entre las entidades y los municipios, con objeto de garantizar un desarrollo integral entre las regiones del país.

Algunas reformas fiscales deben ser:
Reducir el IVA al 10%. Mantener e incluso incrementar más allá la tasa del 15% para bienes suntuarios.
Suprimir el impuesto al activo.
Proveer de progresividad al impuesto sobre la renta (ISR).

Desgravación del
Impuesto Sobre la Renta hasta cuatro salarios mínimos.

Premios a la reinversión y ahorro en el sistema financiero nacional en instrumentos de
mediano y largo plazo.

Suprimir los impuestos sobre nóminas.

Impuesto sobre las inversiones especulativas, incluyendo las transacciones en la bolsa de valores.

Revisar el régimen especial de la maquila.

Incentivos sujetos a metas concertadas con los sectores involucrados y su continuidad estará condicionada al logro de dichas metas.

Incentivar la reconversión tecnológica hacia tecnologías limpias.

Multas y castigos a los agentes contaminantes.

Incentivos y subsidios temporales para micro, pequeñas y medianas empresas principalmente por su contribución en la generación de empleos.

Las carteras vencidas.

Las carteras vencidas no sólo es un problema de los deudores; en muchos casos es producto directo de las altas tasas de interés y de su alza indiscriminada y de la ineficiencia con que funciona el sistema bancario nacional, que se subsana con crecientes costos de operación y con la búsqueda de altos rendimientos que no corresponden a la funcionalidad real de la banca.

Los intereses sobre intereses y los intereses moratorios no son mecanismos financieros.

Es necesario proponer nuevos esquemas de negociación concertada entre banca, deudores y gobierno, con base en la capacidad real de pago de los ciudadanos y de las empresas y no en la búsqueda de altas utilidades para los bancos, que determinen reducciones a la deuda principal considerando su valor en el mercado secundario de cartera vencida, pues los bancos recurren a despachos de cobranzas y fijan un precio a las deudas según sus posibilidades de ser cobradas.

Es necesario proponer nuevos esquemas de negociación concertada entre banca,deudores y gobierno, revisión del FOBAPROA y la aplicación de la justicia penal en contra de defraudadores.

Bajar las tasas de interés

Es necesaria una profunda reestructuración del sistema financiero nacional que eleve su eficiencia y con ello reducir los costos de intermediación.

Debe desvincularse la política de tasas de interés a la necesidad de atraer capital externo especulativo.

El Banco de México debe regular los márgenes de intermediación y garantizar el funcio-namiento óptimo de la banca de desarrollo con el otorgamiento de crédito, barato y oportuno, a las actividades productivas.

Privatizaciones

Creemos indispensable suspender los actuales procesos de privatización que significan un gran riesgo para el patrimonio nacional: petroquímicas, electricidad y aquellos que lesionan las conquistas históricas de los trabajadores y los precarios mecanismos nacionales para la distribución del ingreso, tales como la seguridad social y la educación pública.

Legislar contra la existencia de monopolios

Hasta ahora el "Libre Comercio" y la "Competitividad" sólo se han aplicado selectivamente.

Existen varios monopolios privados que actúan con ventaja ilegal en la economía, mientras la gran mayoría de las empresas enfrentan graves situaciones, estos monopolios mantienen sus niveles ilegales de ganancia y amplían sus redes de influencia a nuevos campos.

Redefinir el papel de las empresas públicas para hacerlas eficientes y autofinanciables, garantizando que contribuyan al desarrollo nacional. Revisar la participación del gobierno, trabajadores y ciudadanos en la gestión de las
mismas.

Promover los controles ciudadanos para combatir la corrupción y el despilfarro del patrimonio social.

Deuda Externa

La deuda externa debe ser reestructurada con base en el desarrollo real de la planta productiva del país del producto interno bruto, que deben determinar la capacidad de pago ante nuestros acreedores. La revisión y renegociación de la deuda externa debe de servir además como etapa inicial para la transformación del sistema financiero internacional, a partir de mecanismos interna-cionales que integren acciones conjuntas y concertadas de los deudores frente a los acreedores.

Los principales objetivos a lograr en la renegociación de la deuda deben ser:
La reducción significativa en el saldo con el fin de disminuir su servicio (intereses y amortizaciones).
Mejorar el perfil de los vencimientos. Entre otras medidas, se debe lograr periodos de gracia suficientemente largos para permitir a la economía
En lo interno, el congreso de la Unión debe proceder a reformar la Ley de Deuda Pública con objeto de acotar y regular de manera efectiva el endeudamiento generado por razones de regulación monetaria. El objetivo es
logra un mayor control y fiscalización de las decisiones sobre endeudamiento público por parte del Ejecutivo Federal.

En ese mismo sentido se debe propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso de renegociación.

La política cambiaria

El objetivo es mantener un tipo de cambio real, evitando la sub y/o sobrevaluación. Debe evitarse que el tipo de cambio esté determinado totalmente por el mercado pues nos deja a merced de los especuladores.

En la medida que la acumulación de reservas internacionales lo permitan se debe de sustituir el régimen de flotación por el de bandas de flotación.

El TLC, la Apertura Comercial y la Seguridad Social

Es indispensable una revisión del TLC tal y como esta prevista en el mismo, para adecuarlo a una nueva política que no implique apertura indiscriminada ni facilidades incondicionales a la inversión extranjera; que considere el papel del Estado, la asimilación y desarrollo de conocimientos tecnológicos y de propiedad intelectual en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las comunidades y de la academia; y las medidas de emergencia por
dificultades de balanza de pagos; así como las cláusulas que afectan la soberanía de México.

Incluir como parte sustancial del TLC el respeto a los derechos sociales y colectivos adquiridos y establecer los mecanismos, obligaciones y recursos para la homologación hacia arriba de dichos derechos entre los países miembros.

El mismo tratamiento debe darse al asunto migratorio, al medio ambiente y a los derechos humanos.
Es urgente pedir la revisión del TLC aprovechando que los nuevos acuerdos mundiales de comercio agrupan a más de noventa países incluidos México, los Estados Unidos y Canadá, facilitan mejores condiciones para que México pueda redefinir sus relaciones con el exterior.


Asimismo, es necesario que en la revisión del tratado, a diferencia de la negociación original, exista una amplia participación de los sindicatos, de los trabajadores, y la definición de códigos sociales que lo regulen.

No se trata de volver al proteccionismo o de apoyar la ineficiencia, sino de aplicar una política más gradual y facilitar la competitividad en condiciones de igualdad.

La defensa de la independencia y la soberanía de nuestra patria se debe convertir en la razón ética y en la principal tarea de todo el pueblo de la clase trabajadora.

Adicionalmente, consideramos necesario que la desregulación y modernización del sistema financiero deben ser concertadas con los trabajadores del sector, priorizando un proyecto de alcance nacional para que el sistema de intermediación financiera opere, en razón de las necesidades de los acuerdos derivados de la concertación microeconómica, para que el ahorro y el financiamiento cumplan propósitos afines al desarrollo social del país.

Rechazamos contundentemente la opción de una reforma de la seguridad social en México en función de los intereses de los capitales privados que no constituyen una respuesta verdadera que resuelva el problema de la seguridad social de los trabajadores, ya que su enfoque solo profundiza la injusticia social.

Nos manifestamos clara y decididamente por la construcción de una nueva opción que recupere y reoriente los propósitos históricos de la seguridad social como instrumento para la distribución del ingreso, que rescate la utilización del ahorro social para reactivar la economía en beneficio del país y, en suma, que
vincule estructuralmente al propio sistema de seguridad social con la promoción del desarrollo económico y sobre todo con la generación de justicia.

Política antiinflacionaria

En la medida en que se instrumenten las medidas y ajustes aquí propuestos, la inflación estará controlada, toda vez, que la enfrentaremos desde sus raíces profundas que están en la esfera de la producción o de los costos, y no como se ha hecho hasta ahora, deprimiendo la demanda con la caída de los salarios.