Trabajadores(as)
en los servicios concesionados por el GDF. Caso servicios
de apoyo a la Central de Abasto.
Desde el 12
de septiembre de 2003, las y los trabajadores de limpieza
y mantenimiento de los baños en el área
de flores y hortalizas de la Central de Abasto (CEDA),
están el huelga en defensa de su trabajo. Aun
y cuando la huelga ha sido declarada legalmente existente,
el Comité Técnico del Fideicomiso de
la CEDA se ha amparado contra la huelga acusando de
acciones ilegales a los trabajadores y al STRACC.
Existe una propuesta de conciliación hecha
por el propio Comité Técnico del Fideicomiso
y el director de la CEDA, el STRACC la aceptó
y las autoridades se niegan a llevarla a la práctica.
En este caso
se trata de servicios públicos que el propio
Gobierno ha concesionado a particulares, práctica
que se ha venido generalizando en los últimos
veinte años en distintas áreas de la
administración pública. En este esquema,
aun y cuando en las condiciones formales de la concesión
se establece la obligación de respetar los
derechos de los trabajadores, la acción gubernamental
de hacer respetar esta obligación es muy débil.
Además, cuando se trata de asumir la responsabilidad
como patrón sustituto que establece la Ley
Federal del Trabajo, en tanto beneficiario del desempeño
de los trabajadores, la responsabilidad se evade y
se procede a aplastar los créditos laborales
por la vía de los hechos.
El recuento
realizado el 25 de abril de 2002 los trabajadores
del servicio de limpieza de los baños en el
área mencionada de la CEDA se pronunciaron
por que los representara en la administración
del Contrato Colectivo de Trabajo frente a la empresa
concesionaria, llamada “Oficinas Secretariales”
del empresario Jorge Fuentes Ladrón de Guevara.
El proceso legal para llegar al recuento había
empezado desde noviembre de 2001, cuando el STRACC
demandó la titularidad.
Pasado el
recuento, el empresario se negó sistemáticamente
a entablar un diálogo con el STRACC, que permitiera
construir la administración bilateral de las
relaciones de trabajo de acuerdo con el contrato colectivo
existente. Por el contrario, inició una campaña
de hostigamiento contra las y los trabajadores cambiando
unilateralmente turnos y puestos de trabajo y terminó
por despedir a 16 personas. El 13 de mayo de 2003
el STRACC emplazó a huelga para estallar el
15 de julio por revisión salarial y por violaciones
al Contrato Colectivo, principalmente los despidos.
En la búsqueda de una negociación, se
concedieron un total de cuatro prórrogas para
el estallamiento del movimiento de huelga.
Poco antes
de cumplirse el plazo establecido en la cuarta prórroga,
el total de las y los trabajadores fueron reemplazados
de sus puestos y, durante la audiencia de prehuelga
realizada el 11 de septiembre de 2003, la representante
de la empresa comentó que “Oficinas Secretariales,
ya no era la concesionaria del servicio en esa área
de la CEDA. Bajo estas condiciones, el día
12 de septiembre estalló la huelga, misma que
fue declarada legalmente existente por la JLCA dentro
los plazos que señala la Ley. Cabe subrayar
que el movimiento no afecta al público usuario
en el acceso a los baños, por tratarse de una
necesidad vital para el funcionamiento de la CEDA
misma.
En el Comité
Técnico de la Central de Abasto de la Ciudad
de México participan representantes del sector
privado y el Director de la CEDA designado por el
Jefe de Gobierno del DF.
Por su parte,
el 29 de septiembre de 2003, el Comité Técnico
del Fideicomiso de la CEDA, negando su responsabilidad
como patrón sustituto, interpuso un amparo
contra la huelga ante el Juzgado Cuarto de Distrito
del DF. El juicio de amparo correspondiente se encuentra
actualmente en la etapa de revisión ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo
más grave de este proceder, es que se pretende
poner en entredicho a la propia Ley Federal del Trabajo
ante tribunales diferentes a los establecidos en la
misma.
Por otro lado,
el Director de la Central de Abastos y el propio Comité
Técnico en noviembre de 2003 hicieron al STRACC
una oferta económica para las y los trabajadores
que podría poner fin al conflicto. La representación
sindical comunicó la oferta a la gente afectada,
y se aceptó en una de sus modalidades. Ante
esto, la representación privada del Comité
Técnico se negó a llevar a la práctica
la propuesta que ellos mismo habían avalado,
dejando sin posibilidad de cumplimiento en lo pactado
a la representación del GDF en la CEDA.
Considerando
la situación se procuró buscar el diálogo
directo con el Jefe de Gobierno a las seis de la mañana,
tanto el 5 como el 19 de enero de 2004. En ambas ocasiones
el FAT y el STRACC fueron recibidos por representantes
con facultades limitadas a canalizar el asunto hacia
el Director de la CEDA, con quien ya existían
platicas.
El Comité
Técnico apuesta todo al Juicio de Amparo, bajo
el aviso de que --si las y los trabajadores pierden
y se procede al desalojo--, puede generarse un problema
mayor. En este caso, y aun tratándose de bienes
y servicios públicos del DF, el sector privado
ha preferido la confrontación a la negociación,
y el GDF se muestra sin la capacidad o voluntad política
necesaria para sostener las alternativas que ofrece.
