HACIA UN MODELO
ALTERNATIVO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL. PROPUESTA DE LA UNIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES Y DEL FRENTE SINDICAL MEXICANO ANTE LA
REUNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
COMERCIO. Cancún, Q.R., México, septiembre
de 2003.
Casi dos décadas
de instrumentación de un modelo de integración
económica hegemonizado por los organismos financieros
internacionales y las grandes corporaciones multinacionales
han tenido como resultado procesos opuestos a aquellos
que los gobiernos prometieron alcanzar en sus inicios.
Esta circunstancia
es especialmente válida para la región
de las Américas, territorio en donde se impusieron
las políticas más ortodoxas y controvertidas
del llamado Consenso de Washington donde, lejos de
resolver las asimetrías existentes en la región,
las políticas de desregulación y privatización
han exacerbado los viejos problemas estructurales
y con ello han provocado una mayor polarización.
El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
constituye la mejor expresión del saldo desfavorable
del modelo y debiera ser el punto de partida para
iniciar su revisión. Los beneficios del TLCAN
han estado encaminados a consolidar las grandes corporaciones
en detrimento no sólo de los pequeños
y medianos empresarios sino sobre todo de los trabajadores,
para quienes los costos de la aplicación del
modelo han sido enormes.
Las reiteradas
promesas de crecimiento de la economía regional,
de las economías nacionales, de mejor calidad
de vida, de más y mejores empleos son confrontadas
por una cruda realidad de bajo o nulo crecimiento
económico, mayor desempleo y un creciente deterioro
de la calidad de vida en general.
La pobreza
y la desigualdad en todos los ámbitos han alcanzado
niveles históricos. Al hacer un balance del
modelo, la realidad es evidente: su fracaso y la necesidad
insoslayable de construir una alternativa que privilegie
el desarrollo social, ámbito donde se encuentran
los resultados más negativos.
En este sentido
la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente
Sindical Mexicano proponen y demandan a la Organización
Mundial de Comercio el reconocimiento de cinco puntos
de acuerdo, sobre los cuales se debe iniciar la revisión
del modelo impuesto hasta ahora, y sobre el que tanto
las sociedades como los gobiernos deben de emprender
esfuerzos de diálogo y de consenso para la
configuración de un modelo alternativo de mundialización
económica, política y social.
Estos puntos
de acuerdo son:
1. Reconocer
que las reglas que hasta ahora han predominado y que
se han impuesto en el libre comercio, en tratados
comerciales y de inversión estilo el TLCAN,
han sido contrarias al desarrollo económico,
social y de las culturas de los pueblos en general.
2. Reconocer
y asumir que cobra cada vez mayor peso e importancia
la crítica del modelo derivado del Consenso
de Washington, y que no sólo en los foros sociales
que acompañan a las reuniones de los organismos
internacionales relacionados con el comercio y el
intercambio económico (la OMC, el BM, el FMI
entre otros) sino dentro de las propias reuniones
de dichos organismos se ha destacado la necesidad
de fortalecer los contenidos sociales de los procesos
de integración y, en suma, de alternativas
frente al modelo impuesto. En especial, es indispensable
revisar y revalorar las discusiones y resultados de
la Cumbre de Monterrey, en donde se reiteró
el derecho de los países al desarrollo y la
necesidad de supeditar aspectos como el pago de la
deuda o las privatizaciones a este derecho.
3. Proponer
y seguir alternativas viables de desarrollo sustentable
de acuerdo con los lineamientos plasmados en el informe
Brundhland que incluyen: la protección del
medio ambiente y los recursos naturales, el derecho
de los países al desarrollo, el respeto a los
derechos humanos y a la diversidad cultural, a la
equidad de género entre otros. Todos ellos
acordados y ratificados en la Cumbre de la Tierra
y en la de Johannesburgo respectivamente.
4. Incluir
en los acuerdos comerciales los derechos sociales
que deben estar reglamentados, sancionados y protegidos
de la misma manera que se vigila y protege el cumplimiento
de las normas comerciales. Un primer paso es la integración
y reglamentación de los derechos humanos, ambientales
y laborales al TLCAN, y su extensión progresiva
a otros acuerdos comerciales, existentes y en proceso.
Es necesario que los organismos financieros internacionales
acepten que sin la inclusión plena y reglamentada
de estos derechos sólo se profundizará
la desigualdad e inestabilidad política y social.
5. Modificar
los acuerdos vigentes en materia agropecuaria, energética,
financiera, de telecomunicaciones, de seguridad y
bienestar social, salud, educación, vivienda,
pensiones, etc. Sin la revisión de estos aspectos
no puede haber un modelo alternativo. La Unión
Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano
sostienen que, a la luz de los resultados claramente
negativos de los acuerdos de “libre comercio”
para los países en desarrollo y para los menos
favorecidos; y considerando que las propias instituciones
multilaterales han reconocido el retroceso social
y de desarrollo que ha traído este modelo es
indispensable rectificar el rumbo:
En materia
de agricultura, se tiene que corregir la competencia
desigual creada por los subsidios agrícolas
de los países desarrollados frente a la precariedad
de los productores del Sur, además de reconocer
el derecho de los países en desarrollo y de
los menos favorecidos de proteger y estimular las
áreas de su sector agropecuario que garanticen
su soberanía y seguridad alimentaria.
En materia de servicios, el futuro de los países
en desarrollo es afectado gravemente por la tendencia
a abrir indiscriminadamente la inversión y
privatización del sector que reduce o elimina
la soberanía nacional y coloca bajo las reglas
del mercado los derechos de bienestar y seguridad
social, tales como la salud, la educación,
la vivienda y las pensiones entre otros.
En materia
de inversiones, la comunidad internacional rechazó,
en su momento, el pretendido Acuerdo Multilateral
de Inversión es; no es posible introducir los
mismos criterios ahora en la OMC, los cuales otorgan
superderechos a las grandes corporaciones trasnacionales
y reducen la rectoría del Estado al extremo
de imponer sanciones al país que se atreva
a regular las inversiones extrajeras.
En materia
de propiedad intelectual, científica y tecnológica,
se debe establecer en todo acuerdo comercial el derecho
nacional a proteger y promover los recursos naturales,
culturales, científicos y tecnológicos.
En general, dado que la OMC no sólo trata de
regular el comercio mundial sino de establecer una
constitución económica, minimizando
la rectoría del Estado e ignorando a la sociedad;
que su funcionamiento y estructura excluyen la participación
democrática de los países en desarrollo
y de los menos favorecidos; y dados los problemas
señalados, la UNT y el FSM plantean que la
globalización, para que genere equidad, bienestar
social y crecimiento económico, tiene que integrar
en un mismo propósito y con visión de
largo plazo, desarrollo y sustentabilidad.
Rechazamos
que se incluyan nuevos temas en su agenda y otorguen
más poderes a la OMC en tanto no cambie su
orientación neoliberal.
